El expresidente de Baleares Jaume Matas (PP), que se sentará este lunes en el banquillo en el primer juicio del caso Palma Arena, es el octavo mandatario autonómico que será juzgado por supuestos delitos cometidos en el cargo.

El primer juicio contra Matas coincide con el que se celebra en Valencia contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps (PP), quien es juzgado desde el 12 de diciembre acusado de un delito continuado de cohecho pasivo impropio por el caso de los trajes de la trama Gürtel.

La lista de mandatarios autonómicos juzgados la abre Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, quien fue imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. Tras la imputación dimitió y en 1990 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió.

Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares desde 1983, dimitió en 1995, a los pocos días de jurar de nuevo su cargo, por el caso Calvià. Fue imputado de cohecho y prevaricación por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del Túnel de Sóller. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.

José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre 1993 y enero de 1995, dimitió antes de ser juzgado y condenado, en junio de ese mismo año, a trece meses de cárcel y seis de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado 'caso del Sillón'.

En 1998, fue condenado por el 'caso de los Espías' a nueve meses de prisión, dos de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.

Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Gabriel Urralburu, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995, por haber cobrado comisiones ilegales en obras públicas durante su mandato, el llamado "caso Otano".

Urralbu, que fue el primer presidente regional encarcelado, salió en libertad provisional en 1998, y fue condenado a 11 años de prisión por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su condena a cuatro años, si bien mantuvo los 9 años inhabilitación y la multa

Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el 'caso Casa Grande', del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

Además de estos ocho políticos juzgados, Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra entre 1995 y 1996, dimitió al conocerse que la justicia investigaba la existencia de una cuenta bancaria en Suiza a su nombre. Fue acusado de un delito de cohecho en la trama navarra del 'caso Roldán', conocida como 'caso Otano', que se cerró definitivamente, sin sentencia, en 2004 porque el tribunal entendió que el delito había prescrito.

También Juan José Ibarretxe, lehendakari entre 1999 y 2009, declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año anterior con representantes de Batasuna. En esta misma causa también fueron imputados el actual lehendakari, Patxi López, y el actual Consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.